En España, solo hay 124 Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia, por lo que, el 53% de las personas no tienen acceso a este tipo de servicio público, para resolver cuestiones como el divorcio, la custodia de los hijos o las herencias.
Son 32 provincias las que se encuentran sin este servicio. Lo que supone un problema territorial, que provoca retraso en los procedimientos e inseguridad jurídica en los ciudadanos.
La Asociación Española de Abogados de Familia asegura que no beneficia en absoluto a los casos de familia que sean tratados por juzgados generalistas. Puesto que, si los comparamos con procedimientos penales, los de familia pasan a segundo plano y por lo tanto, tardan más en resolverse. La presidenta de la asociación, señala que: ‘el atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta nueve meses y, en algunas localidades, todavía más’.
Esto supone un problema, ya que hay casos en los que los menores no reciben la pensión de alimentos hasta que el juez lo determina, y para ello pueden pasar meses.
Actualmente, hay un Proyecto de Ley para acabar con esta situación, que se encuentra en fase de alegaciones en el Congreso.
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